El Ayuntamiento da a conocer las alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar

M. MARTÍNEZ / ALBACETE

Día 05/02/2014

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El Ayuntamiento da a conocer las alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar

El Ayuntamiento de Albacete ya tiene redactado el documento de alegaciones que presentará al borrador del Plan Hidrológico del Júcar. Sus puntos fueron explicados ayer por la concejal de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, para posteriormente ser remitidos a los grupos de la oposición e integrantes de la Mesa del Júcar, que tendrán que debatirlos y aprobarlos en un pleno extraordinario convocado para mañana en el Consistorio.

La principal reivindicación se centra en el abastecimiento de Albacete y la eliminación del Convenio de Alarcón. Con respecto al primero de los puntos, la edil subrayó que las alegaciones solicitan que el abastecimiento a la ciudad y su área de influencia «en los mismos términos que el resto de usuarios» y, además, «sin que pueda verse sometida esa garantía a ningún tipo de gravamen, canon o tarifa de carácter extraordinario».

Existe una petición expresa de que se elimine la referencia al Convenio de Alarcón, suscrito el 23 de julio de 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, «y subsidiariamente que dicho documento se revise teniendo siempre en consideración que esta ciudad debe ser parte firmante del mismo, por contenerse en el mismo disposiciones que afectan a nuestros derechos. Por ello entendemos, que Albacete debe ser parte firmante e interesada del nuevo documento», dijo.

González de la Aleja también explicó que otra de las demandas que formulará el Ayuntamiento es que se dé prioridad a las obras de emergencia previstas en el borrador del Plan del Júcar para evitar las posibles inundaciones por las crecidas que puedan sufrir los canales que rodean la capital y alrededores ante episodios de lluvias intensas, reduciendo el plazo establecido que en

Medidas para el canal

Además, solicitan la inclusión de medidas de adecuación del Canal de María Cristina para evitar la inundación provocada por el rio Balazote de los terrenos adyacentes y el paso de agua a los colectores municipales comprometiendo su funcionamiento y el de la Estación Depuradora. La segunda fase de las obras de sustitución de bombeos, una actuación «pendiente» desde hace años», es otro de las peticiones que el Consistorio quiere que se incorporen al futuro Plan del Júcar, así como que se garantice la protección de la actual depuradora, en tanto en cuanto se completan las obras previstas para su ampliación. También incluye que se modifique el artículo que se refiere a la normativa de vertidos.

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Los regantes tradicionales rechazan aumentar el caudal ecológico del Júcar y piden indemnizaciones si cambia

J. Sierra valencia La Acequia Real del Júcar ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico del Júcar en las que expresan su apoyo a la instauración de caudales ecológicos, aunque recuerdan que las previsiones del Gobierno para el río valenciano provocaría una pérdida de garantías a los regantes que debe estar condicionada a una indemnización.
«En ocasiones, los caudales ambientales objetivo necesarios para para alcanzar un régimen natural de los ríos serán difíciles de alcanzar» y añaden que antes hay que valorar los costes y los beneficios de llegar a esos objetivos. «Hay objetivos «deseables» desde el punto de vista ambiental. Hay objetivos «alcanzables» considerando el conjunto de intereses de la sociedad, el interés general», añaden
Los regantes insisten en que los caudales ecológicos no pueden ser una «restricción» previa a la asignación de caudales a los distintos usuarios. Existen, «derechos preexistentes» y aunque admiten que el Gobierno puede reasignar estos recursos la revisión concesional debe ir unida a una indemnización económica que compense los «daños» provocados.
La Acequia Real del Júcar apunta a una posible reclamación de indemnizaciones si se altera el caudal ecológico aguas abajo de Antella, actualmente de 1 metro cúbico por segundo y que el Gobierno cree necesario aumentar a 1,8 m3/segundo, muy por debajo a su vez de las expectativas ecologistas.
Proponen restaurar este tramo fluvial para alcanzar un buen estado ambiental sin aumentar el metro cúbico actual y piden que se contemple la posibilidad de reducir incluso esta caudal cuando las aportaciones del río Sellent, aguas abajo, «permitan garantizar un caudal mínimo en el puente de Gabarda».

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Arias Cañete anuncia «importantes» reformas normativas sobre agua

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que próximamente se realizarán «importantes reformas estructurales de carácter normativo», entre las que figura la modificación del texto refundido de la Ley de Aguas y un anteproyecto de ley relativo al ciclo integral del agua urbana, con el que se pretende regular de manera conjunta el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua de uso urbano. Durante la inauguración de la jornada «La gestión del agua en España. Presente y retos de futuro», el ministro añadió que en los próximos meses se reformará el texto refundido de la Ley de Aguas de modo que establezca un marco económico financiero para dotar de «recursos suficientes» al conjunto del sistema del agua en España.
Para ello, explicó que el Ministerio ha constituido un grupo de trabajo para analizar las necesidades de la financiación del sector del agua y para revisar el actual régimen económico-financiero del agua, sobre todo teniendo en cuenta las fuentes no convencionales, que son la reutilización y la desalación.
Así, añadió que las conclusiones que extraiga ese grupo servirán para sentar las bases con las que «garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sector en el marco de un sistema nacional del agua y ha añadido que esto, en definitiva «desembocará» en la futura reforma de la Ley de Aguas.
El ministro repasó la situación de la política de aguas, de la planificación hidrológica y de las deficiencias e «incumplimientos» de España con la Unión Europea en esta materia y, sobre todo, en depuración de aguas. En este contexto, ha apuntado las necesidades de inversión actuales y futuras y el presupuesto del Gobierno para este año.
Respecto al anteproyecto de Ley relativo al ciclo integral del agua urbana, Arias Cañete justificó su necesidad en que su uso es necesario que haya «transparencia, claridad y seguridad» tanto para los usuarios como para los gestores, «sean después públicos o privados».
Por ello, subrayó que quiere tramitar dicho anteproyecto con la máxima participación y transparencia y contando con la colaboración de comunidades autónomas, entidades locales, consumidores y usuarios.
Asimismo, estima que el gran pacto del agua dará origen a una política hidráulica de largo plazo y ha puesto de ejemplo el acuerdo alcanzado «muy laboriosamente» entre las comunidades dependientes del Tajo y del Segura que da seguridad jurídica al elevar a rango de ley las reglas de explotación, librando la gestión de la «discrecionalidad de decisiones políticas a veces arbitrarias».
Finalmente, vaticinó que la nueva política de aguas se caracterizará por abordar la gestión del sistema nacional del agua e incluirá todas las necesidades con las soluciones técnicas viables económicamente. «Lo cual nos va a llevar a impulsar importantes reformas estructurales de carácter normativo», concluyó el ministro.

«Hay que integrar las desaladoras en el sistema de abastecimiento»

Arias Cañete manifestó que en materia de política hidráulica «lo responsable» es diseñar como integrar las desaladoras en el sistema de abastecimiento «de una forma sensata», teniendo en cuenta hasta dónde pueden llegar los usuarios, programar transiciones de un sistema a otro y buscando ámbitos colaboración. «Solo podremos trabajar con éxito si buscamos consensos y logramos acuerdos. Hay que contar con un respaldo social, territorial y político que permita construir un gran pacto nacional del agua».

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El Júcar todavía esquiva la sequía gracias a la aportación de Albacete

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El mapa de los diferentes sistemas que forman parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)ya no solo de color verde, porque, poco a poco, la han ido saliendo manchas de colores amarillos y anaranjados,
Esto significa que ya hay sistemas y subsistemas que se encuentran en situación alerta o prealerta por sequía. Y algunas de ellas están en Castilla-La Mancha, de acuerdo al último informe del Plan de Actuaciones en Situación de Alerta y Eventual Sequía (PES) dado a conocer recientemente por el organismo de cuenca.

MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA

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El Consistorio pide eliminar del PHJ la referencia al Convenio de Alarcón

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La concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, dio a conocer las alegaciones que el Ayuntamiento de la ciudad presentará al borrador del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), cuyo plazo de presentación finaliza el próximo viernes, en las que solicitará que se elimine la referencia que se hace al Convenio de Alarcón y la no aplicación de éste, al mismo tiempo que pedirá la revisión del acuerdo, «teniendo siempre en consideración que esta ciudad debe ser parte firmante del mismo». Asimismo, la concejala dijo que en las alegaciones también establecen la necesaria garantía del abastecimiento a la ciudad y a su área de influencia y se posicionan en contra de cualquier tipo de gravamen, canon o tarifa que se pueda establecer distinto del que con carácter general se indica en la Ley de Aguas destinado a la conservación, mantenimiento y amortización de las infraestructuras hidráulicas utilizadas por los beneficiarios de las mismas. Insistió en que elConsistorio está en contra de cualquier tarifa que se pudiera imponer al Ayuntamiento en momentos de sequía y recordó que, como ya han manifestado en reiteradas ocasiones, la sentencia delSupremo que obliga a la institución municipal a pagar, aunque es legal, «no es justa».
En las alegaciones al Plan del Júcar, el Consistorio albaceteño también dispone protección contra las inundaciones en las áreas habitables y solicita, dada la urgencia y la necesidad de las infraestructuras que persiguen evitar las inundaciones, la reducción del plazo establecido en el Plan, que se alarga hasta el año 2022, proponiendo su ejecución en el más pronto ejercicio presupuestario. En este sentido, también piden que se incluyan medidas de adecuación del Canal de María Cristina para evitar la inundación provocada por el río Balazote, reseñó González de la Aleja.
El Ayuntamiento de Albacete también solicita la modernización de los regadíos con la puesta en marcha de las infraestructuras de la sustitución de bombeos, entendiendo que «tienen una finalidad ambiental y de interés general».
Más información en edición impresa.

¿Un pleno de aguas turbulentas?

Las alegaciones formuladas por elAyuntamiento de la capital albaceteña al borrador delPlan Hidrológico del Júcar se aprobarán en un PlenoExtraordinario, que se celebrará mañana jueves a partir de las seis de la tarde, justo un día antes de que expire el plazo para la presentación de éstas. Así lo manifestó la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de laAleja, quien recordó que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod, se reunió con los colectivos afectados el pasado 16 de enero en el despacho de Alcaldía, donde pudieron debatir y consensuar posturas, y reseñó que ya se les ha remitido a todos el documento definitivo. La concejala aseguró que las alegaciones formuladas han sido fruto de las sugerencias y consideraciones remitidas por los colectivos afectados.
Pese a que las alegaciones delAyuntamiento van en una dirección similar a las de la Mesa delAgua -formada por la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Asaja, UPA, el Centro Regional de Estudios del Agua, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), la Unión de Consumidores, CCOO, UGT, IU y PSOE-, la concejala explicó que votaron en contra de la moción que los grupos municipales de la oposición presentaron en el pasado Pleno Ordinario de enero, la cual incluía las demandas de los colectivos que integran esta Mesa, porque «contenía cosas que no eran legales, como por ejemplo la referencia que hacían al tema de la demarcación». En este sentido, Rosa González de la Aleja explicó que no se puede definir la demarcación porque hay dos cuestiones de ilegalidad que se planteraron y que elTribunal Supremo dictó en contra.
Preguntada por los periodistas sobre el recorrido que tendrán las alegaciones delAyuntamiento de la ciudad, en cuanto a que el Gobierno central y los de Albacete y Valencia están gobernados por el Partido Popular, Rosa González de la Aleja declaró que «por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y delAyuntamiento de la ciudad estamos apoyando a Albacete y su abastecimiento, y trabajando en esa línea creo que se están defendiendo de manera correcta los intereses del agua de la ciudad».
Más información en edición impresa.

ENLACE A NOTICIA: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZF065EF33-DFB3-824A-BB57233DAD3F1240/20140205/pleno/aguas/turbulentas

Rajoy y Arias Cañete logran un acuerdo histórico sobre el Trasvase Tajo – Segura

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Agricultura1, Alimentación y Medio Ambiente2 y las cinco Comunidades Autónomas de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar (Extremadura, Comunidad de Madrid3, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia4) permitirá culminar la planificación hidrológica de España5 con el máximo consenso y aportará estabilidad al acueducto Tajo-Segura.

El acuerdo plasma una política seria y responsable en materia de agua, con medidas que garantizan la sostenibilidad del sistema, con el consenso entre las partes y apostando por la complementariedad de las fuentes de abastecimiento, en lugar de la exclusión.

El acuerdo no fue posible con el anterior Gobierno Socialista6, que utilizó el agua como elemento de enfrentamiento entre las Comunidades Autónomas, no como elemento de solidaridad.

El acuerdo, con rango de Ley, aporta estabilidad al Trasvase Tajo- Segura, tras 35 años de funcionamiento. Con él se evitan las presiones coyunturales en la toma de decisiones, se introducen normas para dotar de transparencia a los trasvases intercuencas, se garantizan las necesidades de las cuencas cedentes y se facilita la utilización de las infraestructuras, la cesión de derechos y la preferencia de las cuencas cedentes con carácter general.

Se establece una reserva de 400 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera del Tajo, por debajo de la cual no se autorizan trasvases. Al mismo tiempo, se acometerán un gran número de obras que van a mejorar el funcionamiento de la capacidad de almacenamiento, de laminación y de regulación.

ENLACE A NOTICIA: http://www.lacerca.com/noticias/espana/rajoy_canete_logran_acuerdo_historico_trasvase_tajo_segura-196204-1.html

Nueve organizaciones andaluzas se unen y coordinan contra el «tarifazo» eléctrico

Nueve organizaciones andaluzas han acordado unir fuerzas de cara a la movilización del próximo 26 de febrero contra la subida de los costes eléctricos: organizaciones regionales de regantes Feragua y Areda, las provinciales Coreca (Cádiz), Corehu (Huelva) y Feral (Almería), las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, y Grupo Remolachero. En una reunión convocada por Feragua, según ha informado en un comunicado, representantes de estas organizaciones han cerrado hoy los detalles sobre su participación en esta movilización y han acordado trabajar con sus respectivas bases para lograr una gran convocatoria en el acto de protesta previsto ante la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla, el próximo 26 de febrero. Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cree que la nueva subida de la tarifa eléctrica decretada por el Gobierno deja a los pozos de riego en una situación límite.

    En la reunión de la capital sevillana han participado Margarita Bustamante (Feragua), Miguel López (COAG), Agustín Rodríguez (UPA); Eduardo Martín (Asaja), José Antonio Fernández (Federación de Regantes de Almería, FERAL); y David Moreno (Grupo Remolachero).

    La movilización del regadío en Andalucía se desarrollará de manera sincronizada con la del resto del regadío nacional.

    Coordinadas por Fenacore, según ha precisado, se celebrarán concentraciones simultáneas ante las diferentes delegaciones de gobierno regionales, convocadas por las comunidades de regantes de cada territorio.

Los pozos de riego en una situación límite en Valencia

   Por su parte, AVA-ASAJA denuncia que el nuevo incremento de la tarifa eléctrica decretado por el Gobierno el pasado 31 de enero supone un nuevo mazazo para la estabilidad económica de cientos de pozos de riego en la Comunitat Valenciana, hasta el punto de situar a muchos de ellos en una situación límite que compromete seriamente su futuro, de acuerdo con el análisis efectuado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

    En este sentido, hay que tener en cuenta que esta nueva subida, que oscila entre un 2,6% y un 2,7%, se suma al desmesurado incremento del término de potencia para entidades de riego –nada menos que de un 125%– impuesto por el Ejecutivo central el pasado 1 de agosto.

    El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, califica esta medida de “disparatada” y agrega que “a partir de ahora los agricultores soportamos el precio de la energía eléctrica más caro de toda Europa y eso es una barbaridad que carece de toda lógica”.

    El máximo responsable de esta organización agraria advierte, además, de las graves consecuencias que la decisión del Gobierno en esta materia va a tener sobre la competitividad de la agricultura valenciana: “muchas entidades de riego, que son uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el tejido agrario valenciano, -agrega- no van a poder soportar ese sobrecoste y van a terminar cerrando. Todo ello, va a traducirse a su vez en un aumento de la destrucción de empleo en el sector y en un mayor abandono de tierras de cultivo”.

   Sólo el gasto directo en electricidad, sin tener en cuenta el resto de los desembolsos económicos que lleva aparejada la actividad de riego, supone más del 12% del total del coste de producción en la citricultura.

    Ante esta nueva subida de las tarifas eléctricas, AVA-ASAJA y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) participarán el próximo día 26 de febrero en una concentración de protesta que se celebrará frente a la subdelegación del Gobierno en Valencia.

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«Hay unos 7.000 agricultores que deberán acreditar si son activos»

Mantenimiento del presupuesto,  mantenimiento del apoyo a sectores que corrían riesgo de quedarse excluidos y respaldo preferente a los agricultores y ganaderos que de verdad viven del campo. Estos son los tres motivos por los que la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, hizo ayer una valoración positiva del acuerdo de la semana pasada entre las autonomías sobre aplicación de la nueva PAC y del que dio cuenta ayer en rueda de prensa, en la Delegación de la Junta en Albacete para informar sobre los resultados de la negociación sobre la aplicación de la Política Agraria Común en España.
De acuerdo a los datos aportados por la consejera, la ‘ficha financiera’ de la nueva PACpara la Albacete es de 909 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la Política Agraria Comúnaún vigente. Pero esta vez hay una condición nueva: que al menos el 20 por ciento de sus ingresos agrarios procedan de la venta de productos agrícolas o ganaderos, «con lo que se evita que personas o entidades ajenas a la actividad agraria perciban ayudas, o que el cien por cien de los ingresos de una explotación sean ayudas».
Por último, destacó que, gracias al mantenimiento de las llamadas ‘ayudas acopladas’,  unos 10.918 beneficiarios albacetenses mantendrán unas ayudas que, en la versión inicial de la nueva PAC, iban a perder.
En lo tocante a la obligación de  acreditar que, al menos, el 20 por ciento de los ingresos procedan de ventas de productos agrícolas o ganaderos y, a preguntas de los medios, la consejera estimó que hay unos 7.000 beneficiarios en Castilla-La Mancha que deberán justificar «si son agricultores activos de verdad», por lo que se  les pedirá que acrediten si entran o, no, dentro de esta categoría.
No obstante, Soriano puntualizó que se trata de una cifra aproximada «porque habrá quién podrá acreditarlo, y quién no, por lo que la cifra podría variar». En todo caso, avanzó que la aplicación de esta medida evitará que, en el futuro, haya entidades deportivas, empresas de transporte y, en general, personas físicas o jurídicas ni vinculadas al campo que cobren de la PAC.
Durante su comparecencia, Soriano señaló que, cuando se hizo cargo de la Consejería, en lo tocante a las negociaciones de la PAC, lo que se encontró fue «un desastre total, porque el texto que se había negociado bajo los gobiernos de Zapatero y Barreda dejaba al campo, especialmente a la ganadería, en una situación auténticamente desastrosa», de forma que, en muchos aspectos, hubo que negociar casi desde cero.
De acuerdo a sus cálculos, de haber prosperado las propuestas  que había sobre la mesa, había numerosos perceptores de ayudas que hubiesen debido conformarse «con el 50 por ciento de las ayudas que venían percibiendo», lo que hubiese abocado al cierre a numerosas explotaciones de la región.

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