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La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos tras admitir que existe un problema derivado del corte del suministro en los hogares por impago de las facturas por la crisis. Bruselas responde así a la primera iniciativa ciudadana europea a favor de garantizar el agua para todos. «Una cuestión particular que fue planteada por los miembros españoles del comité de organización (de la iniciativa) fue el problema del corte del suministro de agua a los ciudadanos porque no eran capaces de pagar la facturas de agua. Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos», ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, al presentar la propuesta de Bruselas. «Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» para que «garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos» que responda a las condiciones de vida «óptimas» para «todo ser humano», ha precisado. «Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos», ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es «complejo». «Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local», ha apostillado. Iniciativa ciudadana La iniciativa ciudadana europea ‘Right2Water’, promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública y respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 Estados miembros, incluido España, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios. La Comisión Europea también ha confirmado «en respuesta a las preocupaciones planteadas por los ciudadanos sobre la liberalización de los servicios de agua» que «la legislación relevante del mercado interior no se aplica cuando las autoridades locales suministran servicios de agua ellos mismos». «Las decisiones sobre cómo operar mejor los servicios de agua está firmemente en las manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros», ha aclarado no obstante Sefcovic, que ha dejado claro que hay que «respetar las normas del Tratado que requieren que la Unión permanezca neutral sobre decisiones nacionales que gobiernan la propiedad y proyectos hídricos». «El Tratado es muy claro en lo referente a la propiedad. Es una decisión tomada a nivel nacional, regional o local. Pero nosotros como Comisión hemos hecho nuestro máximo por responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre privatización o liberalización de los servicios de agua», ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que desde el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, «eximió a los servicios de agua de la directiva sobre concesiones» antes de la recabar las firmas necesarias para respaldar la iniciativa ciudadana europea. Además, la Comisión Europea «garantizará que las elecciones nacionales, regionales y locales sobre cómo operar los servicios de agua son respetados y salvaguardados» en «negociaciones comerciales internacionales, incluido con Estados Unidos». «Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado y tenemos que respetar en este caso también el principio de la subsidiariedad», ha recalcado Sefcovic. Compromisos En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo. También se ha comprometido a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad. Asimismo, se compromete a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito. La financiación europea ha contribuido a que más de 2,6 millones de personas en nueve Estados miembros hayan mejorado su acceso al agua potable desde 2007 y a la mejora de los tratamientos de aguas residuales para 5,7 millones de personas en 14 Estados miembros. El presupuesto para mejorar el abastecimiento de agua y la gestión de residuos de agua se ha elevado a cerca de 22.000 millones de euros entre 2007 y 2013. La UE y los Estados miembros destinan además cerca de 1.500 millones de euros al año para mejorar el suministro de agua y servicios sanitarios en países en desarrollo. La ayuda europea ha permitido que 70 millones de personas mejoren su acceso al agua y que 24 millones cuenten con servicios sanitarios entre 2004 y 2013. Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso.
Bruselas pide a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com
La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos tras admitir que existe un problema derivado del corte del suministro en los hogares por impago de las facturas por la crisis. Bruselas responde así a la primera iniciativa ciudadana europea a favor de garantizar el agua para todos. «Una cuestión particular que fue planteada por los miembros españoles del comité de organización (de la iniciativa) fue el problema del corte del suministro de agua a los ciudadanos porque no eran capaces de pagar la facturas de agua. Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos», ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, al presentar la propuesta de Bruselas. «Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» para que «garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos» que responda a las condiciones de vida «óptimas» para «todo ser humano», ha precisado. «Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos», ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es «complejo». «Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local», ha apostillado. Iniciativa ciudadana La iniciativa ciudadana europea ‘Right2Water’, promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública y respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 Estados miembros, incluido España, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios. La Comisión Europea también ha confirmado «en respuesta a las preocupaciones planteadas por los ciudadanos sobre la liberalización de los servicios de agua» que «la legislación relevante del mercado interior no se aplica cuando las autoridades locales suministran servicios de agua ellos mismos». «Las decisiones sobre cómo operar mejor los servicios de agua está firmemente en las manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros», ha aclarado no obstante Sefcovic, que ha dejado claro que hay que «respetar las normas del Tratado que requieren que la Unión permanezca neutral sobre decisiones nacionales que gobiernan la propiedad y proyectos hídricos». «El Tratado es muy claro en lo referente a la propiedad. Es una decisión tomada a nivel nacional, regional o local. Pero nosotros como Comisión hemos hecho nuestro máximo por responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre privatización o liberalización de los servicios de agua», ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que desde el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, «eximió a los servicios de agua de la directiva sobre concesiones» antes de la recabar las firmas necesarias para respaldar la iniciativa ciudadana europea. Además, la Comisión Europea «garantizará que las elecciones nacionales, regionales y locales sobre cómo operar los servicios de agua son respetados y salvaguardados» en «negociaciones comerciales internacionales, incluido con Estados Unidos». «Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado y tenemos que respetar en este caso también el principio de la subsidiariedad», ha recalcado Sefcovic. Compromisos En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo. También se ha comprometido a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad. Asimismo, se compromete a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito. La financiación europea ha contribuido a que más de 2,6 millones de personas en nueve Estados miembros hayan mejorado su acceso al agua potable desde 2007 y a la mejora de los tratamientos de aguas residuales para 5,7 millones de personas en 14 Estados miembros. El presupuesto para mejorar el abastecimiento de agua y la gestión de residuos de agua se ha elevado a cerca de 22.000 millones de euros entre 2007 y 2013. La UE y los Estados miembros destinan además cerca de 1.500 millones de euros al año para mejorar el suministro de agua y servicios sanitarios en países en desarrollo. La ayuda europea ha permitido que 70 millones de personas mejoren su acceso al agua y que 24 millones cuenten con servicios sanitarios entre 2004 y 2013. Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso.
Bruselas pide a España que garantice el abastecimiento mínimo de agua para todos los ciudadanos,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com
Bruselas responde así a la primera iniciativa ciudadana europea a favor de garantizar el agua para todos. «Una cuestión particular que fue planteada por los miembros españoles del comité de organización (de la iniciativa) fue el problema del corte del suministro de agua a los ciudadanos porque no eran capaces de pagar la facturas de agua. Entiendo lo sensible que es esto y lo difícil que resulta para los ciudadanos», ha admitido el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, al presentar la propuesta de Bruselas. «Aquí también estamos haciendo todo lo posible porque de forma clara estamos pidiendo a los Estados miembros que respeten lo que ya han decidido respetar en lo que se refiere a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud» para que «garanticen un abastecimiento mínimo de agua a todos los ciudadanos» que responda a las condiciones de vida «óptimas» para «todo ser humano», ha precisado. «Hablamos de 25 a 30 litros al día y pedimos a los Estados miembros en esta comunicación también que respeten este principio y respeten lo que es bueno para la salud de los ciudadanos», ha insistido el vicepresidente comunitario, admitiendo que el problema en España es «complejo». «Tenemos que buscar las respuestas no sólo a nivel europeo, sino también a nivel regional y también nacional y local», ha apostillado. Iniciativa ciudadana La iniciativa ciudadana europea ‘Right2Water’, promovida por varias asociaciones, entre ellas la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, la Red Europea Antipobreza y la Alianza Europea de Salud Pública y respaldada por 1,68 millones de firmas de ciudadanos de 13 Estados miembros, incluido España, reclama obligar a la Unión Europea y los Estados miembros a garantizar que todos los habitantes disfrutan del agua como derecho y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no se les deben aplicar las normas del mercado interior y que los servicios de agua estén excluidos de la liberalización. También piden más esfuerzos a la UE para lograr el acceso universal al agua y los servicios sanitarios. La Comisión Europea también ha confirmado «en respuesta a las preocupaciones planteadas por los ciudadanos sobre la liberalización de los servicios de agua» que «la legislación relevante del mercado interior no se aplica cuando las autoridades locales suministran servicios de agua ellos mismos». «Las decisiones sobre cómo operar mejor los servicios de agua está firmemente en las manos de las autoridades púbicas de los Estados miembros», ha aclarado no obstante Sefcovic, que ha dejado claro que hay que «respetar las normas del Tratado que requieren que la Unión permanezca neutral sobre decisiones nacionales que gobiernan la propiedad y proyectos hídricos». «El Tratado es muy claro en lo referente a la propiedad. Es una decisión tomada a nivel nacional, regional o local. Pero nosotros como Comisión hemos hecho nuestro máximo por responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre privatización o liberalización de los servicios de agua», ha insistido el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, que ha recordado que desde el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, «eximió a los servicios de agua de la directiva sobre concesiones» antes de la recabar las firmas necesarias para respaldar la iniciativa ciudadana europea. Además, la Comisión Europea «garantizará que las elecciones nacionales, regionales y locales sobre cómo operar los servicios de agua son respetados y salvaguardados» en «negociaciones comerciales internacionales, incluido con Estados Unidos». «Lo que está en nuestro poder lo hemos hecho, pero tenemos que respetar el Tratado y tenemos que respetar en este caso también el principio de la subsidiariedad», ha recalcado Sefcovic. Compromisos En respuesta a la iniciativa ciudadana europea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear unos parámetros de calidad del agua, redoblar los esfuerzos de cara a que los Estados miembros apliquen plenamente la legislación de la UE relativa al agua y lanzar una consulta pública a escala de la UE sobre la Directiva relativa al agua potable con objeto de evaluar si es necesario mejorarla y cómo hacerlo. También se ha comprometido a mejorar la información a los ciudadanos sobre aguas residuales urbanas y el agua potable, promover un diálogo estructurado entre los interesados en lo que se refiere a la transparencia del sector del agua y cooperar en iniciativas para mejorar la rendición de cuentas de los proveedores como indicadores económicos y de calidad. Asimismo, se compromete a abogar por el acceso universal al agua potable sana y al saneamiento como ámbito prioritario de los objetivos de desarrollo a partir de 2015 y apoyar colaboraciones entre operadores de agua y asociaciones público privadas en este ámbito. La financiación europea ha contribuido a que más de 2,6 millones de personas en nueve Estados miembros hayan mejorado su acceso al agua potable desde 2007 y a la mejora de los tratamientos de aguas residuales para 5,7 millones de personas en 14 Estados miembros. El presupuesto para mejorar el abastecimiento de agua y la gestión de residuos de agua se ha elevado a cerca de 22.000 millones de euros entre 2007 y 2013. La UE y los Estados miembros destinan además cerca de 1.500 millones de euros al año para mejorar el suministro de agua y servicios sanitarios en países en desarrollo. La ayuda europea ha permitido que 70 millones de personas mejoren su acceso al agua y que 24 millones cuenten con servicios sanitarios entre 2004 y 2013. Las iniciativas ciudadanas europeas, introducidas por el Tratado de Lisboa tienen que ser respaldadas por un mínimo de siete millones de firmas de ciudadanos residentes en al menos siete Estados miembros diferentes y se organizan en torno a un comité de ciudadanos, integrado a su vez por al menos siete ciudadanos de al menos siete Estados miembros. Los comités tienen un año para recabar el mínimo de firmas necesarias, que deben ser certificadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. La Comisión Europea se reserva el derecho a presentar una propuesta para darles seguimiento en todo caso
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Los regantes del norte de Elche y de la comarca del Medio Vinalopó tienen la vista puesta en el Consejo Nacional del Agua que se celebrará el próximo miércoles y que tomará una decisión sobre el Plan Hidrológico del Júcar, en el que está contemplado el trasvase Júcar-Vinalopó que ahora mismo está en suspenso y que permitiría escapar de una situación de sequía a la que los agricultores estarán condenados de cara al verano. Así lo plantea Ángel Urbina, presidente de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) San Enrique de Elche, una comunidad que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al acuífero sobreexplotado de la Sierra de Crevillent, de cuyos pozos no se puede extraer agua por su mala calidad y por la profundidad a la que se encuentra (a unos 600 metros, según concreta Urbina). Precisamente, el Júcar-Vinalopó se justificó «técnica y jurídicamente» cuando se aprobó (aunque posteriormente se bloqueó y sigue en suspenso) en la necesidad de «paliar la sobreexpltación de los acuíferos del Vinalopó», explica el presidente de la SAT San Enrique.
«Si no traen agua del Júcar-Vinalopó en mayo o junio estaremos condenados a la sequía», asegura Urbina, quien concreta que espera que el día 26 se apruebe el Plan Hidrológico del Júcar en la asamblea del Consejo Nacional del Agua y que después, en un plazo máximo de tres meses, pase también satisfactoriamente por el Consejo de Ministros y se publique, dándole de ese modo validez legal al trasvase. Urbina concretó que los territorios que están esperando este agua son San Enrique en Elche, Monforte, Hondón de las Nieves y de los Frailes o Agost, una zona en la que especialmente se produce uva pero que también tiene una vasta extensión dedicada al cultivo de hortalizas.
«Esperamos que se acelere todo un poco y que de cara a mayo o principios de junio se apruebe definitivamente el Plan Hidrológico del Júcar para traer agua a esta zona como sea, porque estamos secos», urge el presidente de la SAT San Enrique, quien también ejerce como portavoz de Riegos de Levante y de la Federación Provincial de Entidades de Riegos.
Precisamente, el próximo día 28 está previsto que pasen por Consejo de Ministros los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. Con todas estas novedades sobre la mesa, se espera que la asamblea general ordinaria que celebrará el sábado 29 de marzo la SAT San Enrique sea prácticamente un día de celebración, en el que se den por consolidadas muchas de las demandas en materia de agua que el sur de la provincia de Alicante ha reivindicado históricamente.
El orden del día incluye la aprobación de las cuentas de 2013 o del canon y los gastos a aplicar en 2014, además de la intervención de Francisco Gabriel Santiago (vicepresidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó L’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja), quien expondrá el modelo de gestión de agua de la Marina Baixa (un uso integral con depuración y desolación incluidas); la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso; la presidenta de la Diputación de Alicante y de la Mesa Provincial del Agua, Luisa Pastor; el presidente de Riegos de Levante y de Entidades de Riego de la Provincia de Alicante, Manuel Serrano; y del conseller de Agricultura y Agua José Císcar.
ENLACE A NOTICIA: http://www.diarioinformacion.com/elche/2014/03/20/norte-elche-medio-vinalopo-reclaman/1481742.html
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josé sierra | valencia La distribución de caudales del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar condena al lago de la Albufera a mantener su condición de laguna eutrófica con aguas verdes con exceso de clorofila, carentes de oxígeno e incapaces de mantener la rica variedad biológica propia del gran humedal valenciano hasta que a finales de la década de los años setenta colapsó debido a los problemas de contaminación.
El nuevo plan realiza una «reserva» genérica de agua para el lago, cifrada en 167 hectómetros cúbicos, que no solo no supone incremento alguno del volumen real para satisfacer las necesidades hídricas de l’Albufera sino que esconde el origen de dichos recursos y la calidad que deben tener para evitar que el estado ecológico del humedal mejore.
El documento oficializa el hecho de que el lago deje de recibir los caudales no aprovechados por la Acequia Real del Júcar y el arrozal de Sueca (los llamados «retornos» del regadío tradicional), y da prioridad al uso del agua ahorrada en la modernización de estos sistemas de regadío valenciano se estima que cuando finalicen las obras en curso ascenderán a unos 200 hm3/año en lugares como la Mancha o el Vinalopó, nunca en el lago y su entorno.
Tampoco contempla una transferencia directa de recursos hídricos del Turia o el Júcar factible técnicamente sin necesidad de nuevas obras a través de la Acequia del Oro y el viejo canal de la Acequia Real.
En consecuencia, el Plan Hidrológico admite la existencia de un déficit de recursos que cubre en parte con aguas residuales depuradas pese a que científicamente está demostrada la imposibilidad de recuperar el lago si no se corta el flujo de los nutrientes que llegan desde las estaciones depuradoras de Pinedo o Quart Benácher, entre otras instalaciones.
El Ministerio de Medio Ambiente admite implícitamente esta realidad y aplaza la recuperación «del buen estado ecológico de la Albufera» al año 2027.
Esta es una de las razones principales del voto en contra de las organizaciones ecologistas y de la abstención del Ayuntamiento de Valencia, propietario del lago, que no ha secundado tampoco el Plan del Júcar. Ambos esperan, aunque sin demasiadas esperanzas, que el ministerio acepte algunas modificaciones en el nuevo plan que beneficien al ecosistema formado por el río Júcar y a la Albufera.
Xúquer Viu subraya en un escrito presentado a la Confederación Hidrográfica del Júcar para explicar su voto en contra del plan, que los ahorros generados por la modernización de regadíos en la Ribera del Júcar pasaran «íntegramente» a formar parte de los recursos excedentes trasvasables al Vinalopó, así como los recursos naturales no asignados de los afluentes del río Júcar situados aguas abajo de Tous
«Ni siquiera se toma la precaución de especificar que se trate de ahorros «netos»« esto es, descontando los retornos de riego o las aportaciones de las que se alimentan otras masas de agua o ecosistemas, como es el caso de la Albufera de Valencia», destacan.
«De esta manera todos los caudales que se liberarían por la modernización de regadíos en la Ribera no quedarían disponibles para satisfacer las necesidades ambientales de la cuenca y reducir así su sobreexplotación, sino que automáticamente se incorporarían como recursos trasvasables al Vinalopó-l’Alacantí y Marina Baja».
ENLACE A NOTICIA: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/19/plan-jucar-hurta-albufera-agua/1091458.html
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La reserva hidráulica española se encuentra al 82,8% de su capacidad total. Actualmente hay 45.803 hm³ de agua embalsada, lo que representa una disminución de -358 hm³ (el -0,6%) con respecto a los niveles de la semana anterior.
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en siete días se han producido variaciones que oscilan entre los 140 hm³ que ha bajado en la cuenca del Tajo y los 13 hm³ que sumaron a las del Guadiana.
Asimismo, mientras las cuencas internas del País Vasco están al 100% de su capacidad, la del Júcar apenas supera la mitad de sus reservas (con el 55,1% de agua embalsada).
Según Agricultura, esto se debe a que las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Santa Cruz de Tenerife con 14,7 mm (14,7 l/m2).
ENLACE A NOTICIA_ http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/la-reserva-hidraulica-baja-en-358-hectometros-en-una-semana.aspx
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J. Sierra valencia El nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar fija un caudal mínimo de 167 hectómetros cúbicos anuales para la Albufera mientras el plan vigente tan solo reservaba 100 hectómetros como entradas mínimas al lago. La diferencia ha permitido que la Generalitat y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente digan del nuevo documento, que el pasado viernes recibió la aprobación matizada del Consejo del Agua de la Cuenca, que «ha conseguido compatibilizar los usos del agua y los aspectos ambientales» o que «establece las bases para la mejora ambiental del estado ecológico del lago de La Albufera».
Sin embargo, dada la situación actual del lago, lo importante no es el volumen de agua que llega, sino su calidad, reparto estacional y nivel de nutrientes.
Así, los 167 hectómetros recomendados podrían teóricamente vaciar y llenar el lago por completo hasta siete veces en un año, pero 6 de 7 renovaciones se producirían solo en invierno (septiembre-abril) según el escenario aprobado. En verano, cuando el calor dispara la aparición de la clorofila y las microalgas, no existe esa renovación necesaria.
Por otro lado, una parte de este caudal asignado a la La Albufera no procede directamente del Júcar sino que es parte de la dotación para sistemas de regadío como Sueca (29 hm3) y Cullera (4 hm3); llegarán solo en invierno y después de lavar los campos de arroz donde el agua poco mineralizada del Júcar se cargará de nutrientes y sales. El resto dependerá de las lluvias, una mínima parte de los «ullals» y, sobre todo, de la depuradora de Pinedo.
El nuevo plan admite la existencia de estudios técnicos realizados en la Albufera de Valencia en los que se indica que «no es previsible que se pueda alcanzar el buen potencial ecológico en el corto plazo, especialmente por los problemas de eutrofización debidos al exceso de fósforo y por los sedimentos existentes en el lecho del lago». Los estudios indican que vertidos con concentraciones de fósforo bastantes inferiores al microgramo por litro que marca la ley provocan eutrofización. «La evolución de la clorofila a en el lago no muestra una mejora significativa en los últimos años», admiten, con niveles medios de 150 ?g/l de fósforo y picos de 250 ?g/l cuando se requerirían del orden de 30 ?g/l para una recuperación efectiva de la Albufera.
ENLACE A NOTICIA: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/19/ministerio-admite-recuperacion-posible/1091445.html
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El Tribunal de Cuentas europeo considera que los resultados de los controles que llevan a cabo los Estados miembros sobre las ayudas a los agricultores «no son fiables», según un informe publicado este lunes día 17. La falta de fiabilidad, según los auditores, se debe a dos factores fundamentales: los errores en la recogida de datos y la efectividad solo parcial de los sistemas de control administrativo y sobre el terreno para detectar el gasto irregular. Tampoco el trabajo que llevan a cabo los organismos de certificación ofrece suficientes garantías, según el Tribunal. Por último, los auditores no consideran «estadísticamente válidos» los ajustes del porcentaje de error en el gasto agrícola que hace la CE a partir de los informes. Los errores que se detectan en el pago de las ayudas dan lugar a reducciones en la cantidad de ayudas que se pueden pagar a los solicitantes.
«Los Estados miembros desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar que la ayuda agrícola europea se reparte entre los beneficiaros según lo establecido en la legislación comunitaria», señaló Rasa Budbergytë, responsable del informe.
Por ello, añadió, los países «deben facilitar a la Comisión una información fiable sobre los resultados de sus controles, para permitir estimar mejor el impacto de las irregularidades en el pago realizado».
Cada año, los Estados miembros informan de los resultados de esos controles a la CE, a través de los informes estadísticos.
La CE dice que "toma nota" de las observacaciones
El portavoz comunitario de Agricultura, Roger Waite, dijo que la CE «toma nota» de las observaciones del Tribunal de Cuentas y añadió que Bruselas ya ha adoptado medidas para evaluar la fiabilidad de la información de los Estados miembros.
En particular, explicó, el pasado año se tuvieron en cuenta otros elementos -aparte de la información remitida por los Estados miembros- para calcular el porcentaje de error residual en los pagos directos.
Además, señaló que la reforma de la PAC que empieza a aplicarse este año conducirá a una mayor responsabilidad de los organismos de certificación.
Con las nuevas normas, los auditores nacionales deberán llevar a cabo «numerosos y profundos controles sobre los datos enviados por las agencias de pago», lo que mejorará la capacidad de Bruselas de evaluar la precisión de los datos remitidos.
Por último, el portavoz subrayó que las correcciones financieras que impone la CE nunca se basan únicamente en las estadísticas de los Estados miembros, sino que siempre son el resultado de las auditorías llevadas a cabo por los auditores de la Dirección General de Agricultura de la Comisión.
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Europa Press
El balance hídrico del año hidrológico (1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014) acumula un superávit del 3%, ya que hasta el 11 de marzo ha llovido en España una media de 375 litros por metro cuadrado, frente a un valor normal de 363 litros por metro cuadrado.
Según ha informado la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Ana Casals, a Europa Press, en general esta primera mitad del año hidrológico ha llovido más de lo normal en amplias áreas de ambos archipiélagos, así como en todo el cuadrante noroeste peninsular, en el País Vasco, norte de Navarra, oeste de Aragón, Madrid, noreste y centro de Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha y un área del interior de Andalucía.
En general esta primera mitad del año hidrológico ha llovido más de lo normal en amplias áreas de ambos archipiélagos
Por el contrario, en la Comunitat Valenciana, Murcia, sur de Aragón, algunas áreas del sur de Andalucía, norte de Cataluña, sureste de Castilla-La Mancha e islas de Lanzarote y Fuerteventura, las precipitaciones quedan por debajo del 75% del valor normal.
Asimismo, ha añadido que no ha llovido ni la mitad de lo normal en un área que se extiende por el sureste peninsular, desde Castellón hasta Almería y ha destacado la escasez de las precipitaciones en unárea entre Valencia y Castellón, donde los valores acumulados son inferiores al 25%.
Respecto al periodo más reciente, Casals ha dicho que las precipitaciones entre el 5 y e 11 de marzo han sido débiles en general y se extendieron a Cantabria, País Vasco, Pirineos, Baleares y Canarias.
Estas lluvias solo superaron los diez litros por metro cuadradao en el extremo noreste del País Vasco, norte de Navarra, noroeste de Lérida y Canarias occidental.
Únicamente en algunos puntos del norte de Tenerife llovió igual o más de 20 litros por metro cuadrado. Así, destacan los 33 litros por metro cuadrado en Tenerife-Los Rodeos; 16 litros por metro cuadrado en Santa Cruz; 9 litros por metro cuadrado en Izaña y en Ondarroa.
Además el día 12 llovió en Baleares y litoral mediterráneo desde Tarragona hasta el norte de Murcia y Málaga, aunque únicamente se superaron los 10 litros por metro cuadrado en Valencia y Alicante. El jueves 13, las precipitaciones se extendieron, de forma muy irregular por puntos de la mitad sur peninsular habiendo sido de cierta importancia en algunas zonas de la provincia de Valencia, donde localmente se alcanzaron los 40 litros por metro cuadrado.
Valencia, donde menos ha llovido este año y desde 1966
Por otro lado, ha subrayado que donde menos ha llovido desde el 1 de octubre de todo el conjunto nacional ha sido en el aeropuerto de Manises, en Valencia. En este observatorio -que recoge datos desde 1966- se han registrado lluvias «apreciables» un total de 17 días.
Donde menos ha llovido desde el 1 de octubre de todo el conjunto nacional ha sido en el aeropuerto de Manises
En concreto, ha indicado estos 17 días en los que ha llovido que en este periodo de 192 días, son el mínimo de días en la serie histórica para este mismo periodo.
A 2014, le siguen los años hidrológicos de 1982-83; cuando en ese mismo periodo llovió un total de 19 días; 1980-81, con 20 días y 1974-75 y 1998-99, con 24 días de lluvia en esos 192 días.
Por el contrario, los años de máximas precipitaciones en ese periodo fueron 1989-90, con 66 días de lluvia apreciable (el 34%) y 2009-10 con 61 días. El promedio de la serie de 48 años analizada es de 38,2 días de lluvia apreciable.
En cuanto a número de días consecutivos sin lluvia apreciable en los últimos meses, ha llegado a estar sin llover durante 60 días, entre el 30 de agosto y el 28 de octubre. El 29 de octubre cayeron 0,6 litros por metro cuadrado, lo que rompió la racha y, hasta este jueves no había vuelto a llover, llevaba 23 días sin llover -desde el 16 de febrero- cuando cayeron 6,5 litros por metro cuadrado.
Sin embargo, en 1974-75 estuvo 84 días seguidos sin llover, por lo que este 2013-14 es el quinto con el valor más alto de lluvias apreciables, después de 1979-80; 1982-83 y 1994-95.
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El síndic del grupo Compromís en Les Corts, Enric Morera, ha solicitado la dimisión de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña, por «su incapacidad» para defender los intereses de la Ribera «ante las presiones recibidas por parte de la Generalitat, la Junta de Castilla La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente».
Estas declaraciones las ha realizado tras conocerse la aprobación del Plan de Cuenca del Júcar en el que se contemplan aspectos como que el agua que ahorren los agricultores de la comarca se destinará al trasvase.
«El nuevo Plan deja la abierta para un trasvase al Vinalopó, Marina Baixa y Alacantí el cual se va a utilizar para la especulación y el negocio. El Plan profundiza la sobreexplotación del Júcar en la Mancha Oriental, otorgándole mucha más agua de la que lleva el río. Y por si eso no fuera poco, no contempla la concesión directa de agua para beber para la Ribera», ha destacado Enric Morera.
El portavoz de Compromís también ha criticado que los miembros del PP hagan un discurso en la Ribera que después no se cumple. «La concesión para la comarca estaba en el Plan de Cuenca y fue la propia dirección general del Agua de la Generalitat la que negoció por detrás para que se quitara», ha añadido Morera.
La plataforma Compromís per l’Aigua se ha unido a la petición de dimisión de Ureña y también han criticado la actitud de otros representantes como el ministro Arias Cañete, el conseller José Císcar o el director general de Agua.
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El Ayuntamiento de Valencia se ha quedado con un sabor agridulce tras la votación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar en el Consejo territorial del Agua celebrado el viernes pasado. De hecho, el representante de la ciudad más importante de toda la demarcación optó por la abstención después de verificar que no se habían tenido en cuenta la mayoría de las alegaciones presentadas en relación a la mejora medioambiental de la Albufera, tal y como explicó la concejala de Medio Ambiente, María Ángels Ramón-Llin. La edil también lamentó el diferente trato que recibirá la capital frente a otros municipios a la hora de fijar los costes del agua durante épocas de sequía.
Sobre el humedal, la principal discrepancia se refiere a la derivación de caudales depurados hacia el lago. En la alegación presentada al plan el Ayuntamiento planteaba que estos caudales «se utilizaran fundamentalmente para el riego agrícola, limitándose su uso en el ámbito del parque natural a la época de cultivo del arroz, evitando su entrada al lago fuera de dicha época». Es más, se matizaba que «deberían reducirse a la mínima expresión en el balance hídrico del sistema». La explicación que dan los técnicos es que estos volúmenes, por su concentración de nitratos y fósforo, contribuyen a la eutrofización. Incluso citan la presencia de amonio, que en bajas concentraciones puede causar episodios de mortandad de peces.
Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no ha la ha tenido en cuenta, más allá de introducir una modificación normativa relativa sólo al fósforo consistente en limitar su concentración a 0,6 ml/g para los vertidos derivados de sistemas de depuración que acaben en el lago.
El Ayuntamiento también presenta sus dudas respecto a la asignación del volumen mínimo de agua que debe llegar al humedal, que el plan fija en 167 hectómetros cúbicos anuales. La principal crítica es que no se establece que la mayor parte de los aportes procederán de retornos de la Acequia Real del Júcar (ARJ), el cordón umbilical que une el río con el lago y el principal causante del buen estado ecológico que presentaba hasta 1980.
La alegación hace suyas las ideas planteadas en una conferencia de expertos sobre el humedal (que de hecho se cita en el plan) y que se referían a la importancia de potenciar este vínculo para la mejora ambiental, por ejemplo, aprovechando las obras de modernización en el ámbito de la acequia real. Desde la década de los 80 hasta la actualidad, las mayores necesidades de agua en los regadíos de la Ribera y la implantación de sistemas más eficientes han reducido drásticamente las aportaciones desde la ARJ, lo que coincidiendo con la presión urbanística e industrial del entorno de la Albufera ha contribuido a su deterioro.
El escrito municipal dice que el plan deja entrever que para conseguir el volumen mínimo anual se recurrirá a aguas depuradas, lo que no ayudará a mejorar la situación. En este sentido, la normativa sí se ha modificado, pero para permitir que los excedentes generados por la modernización en la ARJ, una vez finalizada, podrán enviarse a Alicante con el trasvase Júcar-Vinalopó.
Como explicó la edil, otro de los motivos que justifican la abstención es «que no se ha realizado un reparto equilibrado entre territorios». Se refería a la discriminación positiva hacia Castilla-La Mancha en la mejora de la dotación para los riegos de la Mancha Oriental y a la medida que exime a Albacete de pagar por el agua que tome de Alarcón en épocas de sequía. El coste, que se liquida a favor de los regantes de Usuj, sí deberá ser asumido por otros municipios que pueden recurrir a este mecanismo, como Valencia.
En cuanto a las mejoras solicitadas para la red de saneamiento y abastecimiento de la ciudad, sí se han tenido en cuenta, aunque tras la aprobación del plan habrá que buscar financiación para ejecutarlas.
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La letra pequeña de las propuestas presentadas por los expertos para la reforma fiscal sigue dejando algunas sorpresas inesperadas, como la subida del 10 al 21% de los bienes y servicios destinados a actividades agrícolas, forestales o ganaderas. Además de la ya conocida subida del IVA en las bebidas alcohólicas y la posible en el vino y algunas bebidas fermentadas, el sector agrario también puede verse afectado por otros incrementos. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha aasegurado que se trata sólo de propuestasy que «se buscará la fiscalidad que haga más competitivo sector agrario
El comité de expertos que presentó sus propuestas para la elaboración de la reforma fiscal ha sugerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la subida de la mayoría de productos y servicios del IVA reducido del 10% al general (21%). Y en la larga lista de afectados se incluyen los bienes y servicios destinados a actividades agrícolas, forestales o ganaderas, así como la creación de impuestos medioambientales para las actividades que generen contaminación, una recomendación propuesta también por la Unión Europea.
Una cosa son las propuestas" y otra la política del Gobierno"
Pese a esta mala noticia, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que el Gobierno buscará la fiscalidad «más razonable» y la que haga «más competitivo al sector agrario español», que «está en crecimiento».
Arias Cañete se ha pronunciado de esta manera al ser preguntado por el informe de los expertos para la reforma fiscal que recibió el Consejo de Ministros y ha considerado que hay que distinguir el informe de los expertos de la política del Gobierno, pues, ha explicado, los expertos «han hecho una propuesta de reforma universal del sistema español» y el Gobierno, «cuando haga sus propuestas de reforma, allá por el mes de junio, hará su propia política».
Esta política, ha afirmado Arias Cañete, «no tiene por qué coincidir con la de los expertos», y ha destacado que ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, «anunció algunos matices, pero hay muchos otros».
Ha declarado que la renta del sector agrario creció el año pasado más de un 7%, que ha batido el récord de exportaciones con más de 38.000 millones, y que en frutas, hortalizas, producciones cárnicas, vino y aceite de oliva «está conquistando los mercados del mundo».
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