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La reforma energética acometida por el Ministerio de Industria hace ahora un año ha provocado que cerca del 70% de la factura de la luz del regadío corresponda ya a costes fijos que pagan durante todo el año aunque sólo consuman electricidad entre tres y siete meses al año, lo que ha disparado el gasto anual energético del sector hasta los 700 millones de euros, según datos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).
Para los regantes, esta modificación legislativa llevada a cabo con «agostidad» y «alevosía» dió la puntilla a más de seis años de subidas indiscriminadas en el precio de la luz, que se traducen en un incremento medio superior al 1.000% en los costes fijos y al 100% en el total de la factura desde 2008, fecha en la que desaparecieron las tarifas especiales para riego.
Con semejante subida, amortizar los más de 6.000 millones de euros invertidos en modernización de regadíos para producir más con menos agua, en línea con las indicaciones de la FAO, se hace prácticamente imposible, lo que está condenando al regadío a la desaparición, a pesar de alzarse -junto con la biotecnología- como la solución más efectiva para atajar el déficit de alimentos, máxime cuando una hectárea de estos cultivos produce cinco veces más que una de secano.
A día de hoy, con 7.000 millones de habitantes en todo el mundo y más de 1.200 millones por debajo de los umbrales de desnutrición, la producción de alimentos deberá apoyarse en el regadío para alcanzar el objetivo de aumentarla más de un 45% antes de 2030 y más de un 70% antes de 2050 si se quiere garantizar el abastecimiento de una población mundial creciente, que alcanzará los 9.100 millones dentro de poco más de tres décadas.
La Administración, por su parte, no parece ser consciente de la importancia de esta actividad -que representa el 15% del PIB junto con toda la industria agroalimentaria asociada-, a juzgar por la falta de voluntad política mostrada hasta la fecha para diseñar un escenario energético más justo y dar con una fórmula tarifaria que evite a los regantes pagar todo el año por un servicio eléctrico que sólo utilizan durante la campaña de riego, de abril a octubre.
En este sentido, el presidente de Fenacore recuerda que «el tiempo pasa» mientras Industria parece centrada en su compromiso de cubrir el agujero económico del déficit de tarifa con las compañías eléctricas, que ha seguido manteniendo su ritmo de crecimiento a pesar de la reforma, siendo ya un 27% superior al año pasado, con 3.332 millones de euros.
Asunto marginal en la agenda política
De esta forma, los regantes denuncian cómo el regadío se ha convertido en un asunto marginal en la agenda política cuando lo cierto es que no piden ningún tipo de subvención, sino una distribución racional de los costes acorde con su condición de consumidores estacionales; aunque por otra parte estamos ante el segundo demandante nacional de energía, sólo por detrás del ente de infraestructuras ferroviarias Adif.
Según el presidente de la Federación, Andrés del Campo, «este totum revolutum donde entran toda una serie de impuestos -primas a las renovables, moratoria nuclear, subvenciones al carbón, intereses de la deuda energética, etc.- que después se convierten en los costes fijos de la electricidad, deberían de algún modo pasar a cargo de los Presupuesto Generales del Estado para evitar discriminar actividades que tengan un consumo estacional como es nuestro caso».
Por lo pronto, los regantes -que protagonizaron en febrero a las puertas de la campaña de riego movilizaciones generalizadas en toda España- prosiguen sus negociaciones con el Gobierno. Y dando muestra de la máxima flexibilidad y voluntad de colaboración proponen despenalizar los contratos de temporada, abonar únicamente la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada o incluso, que la legislación permita realizar más de un contrato al año con las compañías eléctricas.
También solicitan la aplicación de un IVA reducido en el suministro eléctrico, tomando como antecedente el caso de Italia o la articulación de la normativa marco adecuada para facilitar la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo, conocida como balance neto o Net Meetering, y que permite además inyectar a la red nacional la producción que no se necesite.
www.agronewscastillayleon.com
ENLACE A NOTICIA: http://salamancartvaldia.es/not/52042/el-70-de-la-factura-electrica-del-regadio-corresponde-a-costes-fijos-independientes-del-consumo-/
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El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 83.436.657 euros entre las Comunidades Autónomas para Programas de Desarrollo Rural (PDR), en función de los criterios de distribución y reparto acordados en la conferencia sectorial del pasado 8 de julio. De estos más de 83 millones de euros, Andalucía recibirá 22.655.855; Extremadura, 16.240.123; Castilla y León, 13.890.023; Castilla la Mancha, 9.484.979; Cantabria, 8.004.123; Galicia, 5.652.359; Asturias, 3.840.894; Islas Baleares, 3.025.599; La Rioja, 401.331 y Comunidad Valenciana 241.371. Este importe, más las cantidades ya aportadas, permite alcanzar un 53,95% del techo total de cada comunidad autónoma con carácter general.
En aplicación de estos criterios de territorialización de los fondos, Aragón, Cataluña, Madrid y Región de Murcia no los reciben al haber obtenido ya una aportación superior a ese 53,95% de su techo para 2014; y Canarias, que ya cuenta con la totalidad de la financiación de la Administración General de Estado (AGE) para el conjunto de sus PDR.
La distribución de los 83,4 millones de euros para 2014 se suma a los 63.626.343 euros que, durante el presente año, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha transferido a los Programas de Desarrollo Rural Sostenible (PDRs), lo que suma 147.063.000 euros.
La Conferencia Sectorial aprobó el reparto entre las Comunidades Autónomas de los fondos de cofinanciación de la Administración General del Estado para los Programas de Desarrollo Rural para el periodo 2007-2013, cuya distribución finaliza en 2015.
La aportación para el periodo 2007-2013 se había fijado en2.498.179.490 euros, habiéndose ya computado hasta 2013 un total de 1.969.242.648 euros.
Para 2014, la aportación máxima establecida o «techo» es de 263.627.775 euros, que la AGE aportará en función de las disponibilidades presupuestarias y el nivel de ejecución de los Programas de Desarrollo Rural. De ese «techo» ya se ha transferido al FEGA un total de 147.063.000 euros de 2014, cantidad en la que están incluidos los fondos cuya distribución se ha aprobado ahora.
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La CNMC publicó en el BOE el pasado 19 de julio la Circular 3/2014, en la que establece una nueva metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. Entre otros aspectos, contempla unos nuevos periodos tarifarios, que supondrán cuando entren en vigor, una modificación significativa del marco regulatorio actual. Según Feragua, la asociaciones de comunidades de regantes de Andaucía, hay que recalcar que la futura reglamentación, «de seguir con la política de incrementar los costes fijos anunciadas por los responsables del Ministerio de Industria, muy probablemente encarecerá los futuras peajes de acceso»
Hay que señalar no obstante que en el mes de agosto serán de aplicación los actuales peajes de acceso aprobados por la vigente Orden IET 107/2014, y que la entrada en vigor de los cambios dependerá de nuevas disposiciones normativas que tiene que aprobar del Ministerio de Industria, en las que se fijen los importes de los nuevos peajes de acceso, que esta circular no aprueba.
Es todo caso, según Feragua, es un cambio que supondrá un nuevo cambio en los términos regulados de potencia y de energía, No obstante, hasta la publicación de los nuevos peajes de acceso, no se podrá hacer una valoración global de esta nueva normativa y conocer su impacto real sobre el regadío.
Unos cambios que no solucionan el problema
Asimismo, hay que subrayar que estos cambios «no son suficientes desde luego y no eliminan la necesidad de acometer cambios profundos en la factura eléctrica del regadío que la adapten al patrón estacional de consumo del regadío. Asimismo es necesario reducir el IVA del regadío».
Lo que es seguro es que la desaparición de la Tarifas 3.1 A (3 periodos) obligará a la sustitución o reprogramación de los actuales contadores, ya que pasaran a ser de la modalidad 6.1TD (6 periodos), y eso conlleva un tiempo de adaptación de los actuales contadores, para que se pueda aplicar la nueva tarifa en dichos suministros.
Asimismo los cambios harán más necesaria una gestión profesional de los consumos eléctricos, tendente a la optimización del término de potencia contratada (consultoría energética y a la adaptación de los hábitos de consumo a los nuevos períodos tarifarios. Por todo ello, volvemos a recomendar a todas las comunidades y regantes aún no asociadas que se apunten a nuestra Central de Compras.
http://www.agroinformacion.com/noticias/74/zonas%20regables/77566/los%20nuevos%20periodos%20de%20tarifas%20electricas%20podrian%20encarecer%20el%20coste%20de%20los%20regadios.aspx
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MAGRAMA
La directora general del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Liana Ardiles, ha destacado en Santander el “enorme esfuerzo” del actual Ejecutivo y el compromiso demostrado por las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y los usuarios, “fundamental para haber conseguido completar, hace unas semanas, la planificación hidrológica con la aprobación de los planes del Segura y del Júcar, culminando en dos años y medio el trabajo que debió completarse en los ocho anteriores”.
Ardiles ha participado en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrado en la capital cántabra bajo el título “El agua como recurso escaso, introducción a la economía del agua”, antes de firmar con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, el convenio para desarrollar tres nuevas actuaciones incluidas en las obras de la segunda fase de la Autovía del Agua.
En su intervención, la directora general del Agua ha fijado como los tres objetivos del Gobierno en materia de agua “garantizar el suministro en cantidad y calidad suficiente para todo el territorio y para todos los usos respetando y protegiendo el medio ambiente”, la mejora de la calidad de las masas de aguas, y la gestión de los fenómenos extremos.
Los planes hidrológicos han sentado las bases para incrementar la protección del medio ambiente
“Los objetivos tienen como base los planes hidrológicos”
“Todos estos objetivos debe tener como base los planes hidrológicos, que nos permiten cuantificar el agua de la que disponemos en cada cuenca y las demandas que existen y, además, nos marcan las actuaciones que debemos acometer para satisfacer los objetivos socioeconómicos y el desarrollo de la cuenca, para seguir avanzando en materia de saneamiento y depuración o para gestionar los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y sequías”, ha explicado.
De ahí la importancia de concluir la planificación hidrológica competencia del Estado, aprobando los 12 planes de cuenca intercomunitarios e impulsando, además, todos los planes hidrológicos competencia de las Comunidades Autónomas, superando así el retraso que existía al inicio de esta legislatura (pese a que todos los planes debían estar aprobados en 2009, a principios de 2012 sólo había aprobado un plan, el de las cuencas internas de Cataluña, luego anulado por los tribunales).
Primer ciclo completado y el segundo en marcha
Ardiles ha asegurado que terminar este primer ciclo de planificación “es un ejemplo de solidaridad, cooperación y consenso permanente que pone de manifiesto que la búsqueda de grandes acuerdos en materia de gestión de agua es irrenunciable para este Gobierno”, ejemplificando con los acuerdos para dar respuesta al déficit de agua consolidando el trasvase Tajo-Segura o el Júcar-Vinalopó.
En paralelo a la aprobación del primer ciclo de planificación, además, ya ha comenzado el segundo ciclo, que ha de estar concluido a finales de 2015 y que hará que España acompase su planificación hidrológica con el del resto de los países de la Unión Europea.
La directora general del Agua ha destacado también que los planes hidrológicos han sentado las bases para incrementar la protección del medio ambiente. “Por primera vez en nuestro país se han establecido caudales ecológicos para unas 2.500 masas de agua de la categoría río, aproximadamente la mitad de las que existen en nuestro país. Además, los nuevos planes plantean objetivos ambientales no contemplados en la planificación tradicional que centraba su atención únicamente en el suministro”, ha detallado.
I+D+i y presencia internacional
Ardiles también ha apuntado otras líneas de trabajo del Ministerio en materia de agua: el fomento de la I+D+i, “una vía clave para poner sobre la mesa nuevas soluciones que nos hagan ser más eficaces y más eficientes a la hora de gestionar y resolver los retos que plantea la administración del agua en un país con tanto estrés hídrico como es España y ligarlo todo ello a la política de fondos de la UE”.
Además, ha señalado la importancia de “reforzar nuestra presencia en el exterior”, tanto para influir en la agenda internacional en favor de los intereses españoles como para colaborar en los esfuerzos del Gobierno promoviendo la Marca Agua España y la internacionalización de las empresas del sector.
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Europa Press
El diputado de UPyD en el Congreso Toni Cantó ha presentado en la cámara baja preguntas dirigidas al Gobierno en las que le cuestiona sobre si considera que 167 hectómetros cúbicos al año de agua del río Júcar al lago de La Albufera de Valencia son suficientes para mantener sus ecosistemas acuáticos.
Cantó, en la exposición de motivos de las preguntas planteadas para respuesta escrita, a las que ha tenido acceso Europa Press, explica que el decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar fija en 167 hectómetros cúbicos las necesidades hídricas del lago de La Albufera.
El diputado señala que el río Júcar ha pasado de tener 1.800 hectómetros cúbicos de agua a 900, una reducción que, advierte, «es una constante desde los años 80 del siglo XX». El «principal perjudicado» de esta situación es el lago de La Albufera, que «recibía 500 hectómetros en el siglo pasado y en estos momentos únicamente llega a 300», ha comentado.
Asimismo, indica que con la aplicación del Plan Hidrológico del Júcar el lago valenciano renovaría el agua únicamente siete veces por año, frente a las 70 veces de los años 70, «creando un gran impacto en los ecosistemas acuáticos de la Albufera».
Por ello, Toni Cantó pregunta al Ejecutivo central si considera que los 167 hectómetros cúbicos al año de agua del río Júcar al lago de la Albufera de Valencia son suficientes para mantener los ecosistemas acuáticos de dicho lago.
También cuestiona al Gobierno sobre en base a qué informes o criterios técnicos el Gobierno estipula esta cantidad, así como sobre qué controles piensa realizar para garantizar que los ecosistemas acuáticos de La Albufera no sufren degradación.
Del mismo modo, el diputado de UPYD por Valencia inquiere al Gobierno en relación a si es consciente de que, debido a que La Albufera, está dentro de la lista Red Natura 2000, tiene una especial protección ambiental.
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Los acuíferos «están al límite» en amplias zonas de España, asegura tajante el coordinador del Observatorio de Políticas Públicas del Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Francesc La Roca, que explica, en una entrevista con EFEverde, que a medida que los ríos “agotan su capacidad de renovación en el ciclo hidrológico se ejerce una mayor presión sobre los acuíferos”, que están al límite porque “se extraen más aguas subterráneas de las que se recarga”. Y esta situación, añade, tiene “efectos colaterales” como el deterioro de los ríos que no pueden mantener poblaciones piscícolas, su eutrofización al no ser capaces de depurar el agua por sus procesos naturales y la pérdida de otros usos como el abastecimiento de agua potable o el baño debido a la escasa calidad de los ríos por la contaminación.
Es preciso cambiar la “actual visión política del agua” en España sólo al servicio de la producción y el desarrollo económico a corto plazo, que “aún hoy” presta escasa atención a que la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos y la gestión sostenible del agua son necesarias para poder disponer de agua de calidad en el futuro.
Directiva Marco de Agua
Estos últimos son algunos de los aspectos que guían la Directiva Marco de Agua (DMA) comunitaria aprobada en 2000 que fijaba la fecha de finalización de la planificación hidrográfica española el 31 de diciembre de 2009. El Gobierno dio luz verde a los dos últimos planes peninsulares (de la cuenca del Segura y del Júcar) el pasado 11 de julio.
Y, a pesar de ese retraso de casi cinco años, los 25 planes hidrográficos españoles prácticamente sólo han actualizado los existentes en 1998 y se han dejado de lado medidas para la protección, mejora y restauración de las aguas superficiales y subterráneas, “prácticamente 15 años perdidos” desde 2000, se lamenta La Roca.
Los regantes, las hidroeléctricas y la administraciones han consentido con su resistencia a aplicar la directiva que continúe el deterioro de los ríos y acuíferos españoles, critica este defensor de un uso sostenible del agua.
Cambio de perspectiva en España
No obstante, confía en que, presionado por Bruselas que sigue insistiendo en que el buen camino está en la aplicación de la legislación europea, en España se logre un cambio de perspectiva, ágil, para ajustar “nuestros usos sociales a la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos”.
La agricultura de regadío utiliza en torno al 80 % del agua disponible, pero la creciente urbanización, con mayores necesidades de agua potable para abastecimiento humano, y el sector energético e industrial también demandan cada vez más recursos hídricos y todos contribuyen a una pérdida de calidad.
La Roca hace hincapié en la crisis de estos ecosistemas, agravado por el cambio climático y cuyo deterioro es consecuencia de las crecientes presiones humanas.
Por ello hace un llamamiento a la concienciación en todos los ámbitos de la sociedad para mejorar la calidad los usos hídricos.
Cuando las aguas están en buen estado, además de cumplir con su función como “factor de producción“, contribuyen directamente al bienestar humano y satisfacen otros aspectos vitales, invisibles y sin cuantificación económica, como el placer estético de contemplar un río vivo, sin contaminación, donde poder desarrollar actividades recreativas.
Insiste en que los ecosistemas hídricos españoles siguen deteriorándose, situación que urge resolver, porque de su recuperación depende el mantenimiento de la economía y el futuro de la sociedad.
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El Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar (PHDJ), publicado hace escasos días en el BOE, está condenado a ser un documento de vida muy corta. Un año y medio, para ser exactos.
Como la revisión del Plan de 1998 se demoró tanto -debía haber terminado el 31 de diciembre de 2009- la aprobación del nuevo PHDJ se ha solapado con su revisión, que ya estaba en marcha incluso antes de tener un documento definitivo sobre la mesa. Una revisión que debe haber terminado el 31 de diciembre de 2015.
Así, pocos días antes de la publicación en el BOE, se reunía en Valencia la Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para ser informada, por parte del Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Teodoro Estrela, de las Mesas Territoriales y Jornadas divulgativas del ETI (Esquema de Temas Importantes) del futuro Plan Hidrológico 2015-2021.
Se trata de un proceso público, cuyos documentos están colgados en la web de la Confederación. Y, en la sección denominada ‘Mesas Territoriales’ aparecen las prioridades de la CHJ para con Albacete, en particular, y la Mancha Oriental, en general.
prioridades. En lo tocante a Albacete, y dentro de los «temas importantes», la Confederación del Júcar establece, como prioridad, poner solución, incluso con sanciones de por medio, a los problemas de depuración que se dan en áreas urbanas próximas a los afluentes del Júcar medio.
En concreto, la CHJ cita tres cursos de agua con esta clase de problemas, dos naturales y otro artificial. Se trata de los ríos Lezuza y Valdemembra, así como el Canal de María Cristina.
En la zona del Canal, también se considera «tema importante» para la CHJ la «defensa frente a inundaciones en Albacete y en su entorno».
Pero el gran «tema importante» para la Confederación e nuestra provincia se llama «explotación sostenible de la masa de agua subterránea Mancha Oriental y sus aprovechamientos».
Y principal medida que propone el organismo de cuenca para conseguirlo es «definir el procedimiento a seguir para reducir la extracción de recursos subterráneos en 60 hectómetros cúbicos gradualmente hasta el año 2027».
Además, propone estudiar posibles «medidas coordinadas de gestión de la oferta y la demanda mediante un proceso de adaptación de los derechos a los usos del agua».
En paralelo, y solapándose con todo lo antedicho, acaba de comenzar la definición de las normas de explotación del Plan de Cuenca que acaba de aprobarse.
Así que, aunque el partido haya terminado, aunque queda toda la prórroga por delante.
ENLACE A NOTICIA: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z226C5E18-EF24-948E-835995DA2697EA35/20140725/jucar/comienza/jugar/prorroga
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La asociación de vecinos de la urbanización de Casas Viejas viene luchando para conseguir que elAyuntamiento de la ciudad atienda cada una de sus reivindicaciones. En este sentido, la presidenta vecinal, Natividad Gómez, se mostró satisfecha porque han atendido su petición en materia medioambiental y, por fin, el problema de las inundaciones se encuentra en vías de solución.
Cuando las lluvias son intensas y abundantes, el Canal de María Cristina no tiene capacidad suficiente y se desborda provocando problemas en la zona de Casas Viejas, tal y como ocurrió el pasado año cuando se rompió elCanal de Acequión y el agua llegó hasta la urbanización. La presidenta de la asociación de vecinos se mostró satisfecha porque elAyuntamiento ha dado un paso expropiando la laguna de Acequión para que haga la función de balsa de laminación y se eviten inundaciones en Casas Viejas.
Asimismo, Nati Gómez dijo que también se ha desratizado la zona y la petición de ampliar el número de contenedores será atendida en breve.
Gómez declaró que, en estos momentos, reivindican que haya una limpieza profunda en los márgenes del río y que se lleven a cabo actuaciones de mantenimiento en la Vía Verde, que «se está deteriorando».
Sobre la urbanización de Casas Viejas, la presidenta vecinal declaró que el proceso está paralizado debido a la situación de crisis.Recordó que es la urbanización más grande, con 2,4 millones de metros cuadrados de superficie, y reseñó que todo apunta a que seguirá sin legalizarse por el momento.
Robos. Natividad Gómez también agradeció la actuación que ha hecho la Policía Local y la Guardia Civil a lo largo del año, que con su presencia evitan los robos en la zona. Incluso, indicó, las patrullas lograron pillar a unos ladrones en pleno robo.
La presidenta de la asociación de vecinos manifestó en verano se detectan menos robos porque la mayoría de los ciudadanos tiene las parcelas como segunda vivienda y en este período del año residen en ellas. Además, recomendó a sus vecinos que «no dejen en las parcelas nada que pueda ser susceptible de robo».
Por último, Nati Gómez dijo que también han conseguido contar con un despacho para poder llevar a cabo las reuniones de la asociación de vecinos y comparten una de las aulas del centro sociocultural de Carretas con otros colectivos.
ENLACE A NOTICIA: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z20EFECE0-B7A7-F41C-D45296371DCAAED5/20140725/problema/inundaciones/casas/viejas/vias/solucion
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La portavoz ‘popular’ de Medio Ambiente en el Congreso, María Teresa de Lara, ha descartado este miércoles pedir una comparecencia extraordinaria de la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, durante este verano alegando que la ministra ya ha intervenido «tres veces» en mes y medio en sede parlamentaria para explicar las medidas que se están adoptando ante los daños que la sequía y el granizo han causado en el sector agrario.
Durante la Diputación Permanente de la Cámara Baja -el órgano que sustituye al Pleno durante los periodos no hábiles-, los socialistas han reclamado que Tejerina informe sobre la cuantificación de los daños que los fenómenos meteorológicos han causado en el campo español durante los últimos meses y para pedirle que apruebe un decreto con medidas urgentes en el ámbito fiscal, de la financiación o del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Lla titular del ramo «ha comparecido en mes y medio dos veces en el Congreso y una en el Senado»
Sin embargo, Lara ha recordado que la titular del ramo «ha comparecido en mes y medio dos veces en el Congreso y una en el Senado, y ha informado ampliamente de la situación de la sequía, del granizo y de las actuaciones del Ministerio». «Es un asunto evidentemente importante, pero muchas veces se cae en la demagogia, el desconocimiento o el olvido (al tratar estos temas)», ha criticado.
A renglón seguido, ha recordado que la sequía de este año «no es comparable» a la de 2005, pero que en cualquier caso se cuenta con los seguros agrarios y con otras medidas ya puestas en marcha como el fraccionamiento del pago de las pólizas, los avales de Saeca, el adelanto de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), la futura rebaja de los módulos en la Declaración de la Renta o el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
No es suficiente
No obstante, para el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, no es bastante con estos anuncios que ha hecho la ministra, a la que le reconoce su «buena voluntad», y se pregunta por qué en este caso el Ejecutivo del PP no hace lo que «tradicionalmente» siempre se ha hecho ante catástrofes por inclemencias meteorológicas, que es aprobar un decreto ley de medidas urgentes.
«Es porque el Ministerio está tieso, porque no tiene presupuesto para aprobar un plan de medidas que compensen los daños. Y por eso es absolutamente imprescindible reforzar la posición de la ministra, que necesita tener fondos para atender esta situación. Si no, estarán mareando la perdiz, dando largas al asunto, porque los agricultores saben que las medidas que han anunciado son calderilla, absolutamente intrascendentes al volumen de daños», ha añadido.
Y es que según las cifras que maneja el PSOE la sequía que ha afectado a Murcia, Valencia y Andalucía sobre todo ha causado daños por valor de unos 500 millones de euros tanto en la ganadería extensiva como en los cereales de secano, legumbres o almendros, en los que se ha «perdido totalmente» la producción de 180.000 hectáreas. El pedrisco, por su parte, ha «asolado» campos de cereales, frutales, viñedos, olivar y hortalizas en Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Y, ante esta situación, cree el PSOE que con los seguros agrarios no valen, porque aunque «nunca ha llegado a cubrir el 100%» de los daños en este tipo de casos, en este momento «muestra síntomas de agotamiento» y está «al límite de sus posibilidades» por los «recortes» que ha sufrido en tres años de Gobierno ‘popular’.
«Por eso la ministra debe comparecer, para confirmar los daños y explicar las medidas que ha tomado. Esta petición no es un capricho, sino que recogemos un sentir general del sector, que reclama más ayudas», ha zanjado Alonso.
Debate en positivo
Por su parte, el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, ha coincidido en que hace falta esta sesión «en positivo» para que García Tejerina tenga ocasión de «intercambiar puntos de vista y recibir información» de los grupos. «Y a nosotros, que conocemos la labor positiva de la nueva ministra, nos gustaría que viniera para comentar con ella algunos temas que afectan a comarcas de Lérida y Gerona con un punto de vista absolutamente positivo», ha añadido.
Rafael Larreina, de Amaiur, apoya asimismo la solicitud porque ve necesario debatir sobre la situación que se está sufriendo en algunos valles de Navarra, afectados por las inundaciones y las crecidas de los ríos. Y también Joan Josep Nuet, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), se ha mostrado favorable a la solicitud.
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